Erika Ivonne García. Licenciada en Derecho, madre de familia, mujer sorora. Líder social.

Erika Ivonne García

Licenciada en Derecho, madre de familia, mujer sorora. Líder social.

Avances y Retos Pendientes en la Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres en México: De la Igualdad Formal a la Igualdad Sustantiva

 

“La tutela de los derechos humanos de las mujeres deriva del bloque de constitucionalidad y obliga a todas las autoridades a ejercer control de convencionalidad con perspectiva de género.”

 

En las últimas décadas, el reconocimiento y la tutela de los derechos humanos de las mujeres han experimentado avances sustanciales tanto en el ámbito internacional como en el orden jurídico mexicano. Dichos progresos encuentran sustento en instrumentos internacionales vinculantes como la Organización de las Naciones Unidas, así como en tratados específicos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que establecen obligaciones claras para los Estados en materia de igualdad sustantiva, no discriminación y erradicación de la violencia de género.

En el ámbito nacional, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 fortaleció el principio pro persona y el control de convencionalidad, consolidando un bloque de constitucionalidad que incorpora los tratados internacionales en la materia. Asimismo, se han emitido leyes generales de avanzada, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establecen mecanismos institucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación.

Entre los avances más significativos pueden destacarse:

-El reconocimiento constitucional del principio de igualdad sustantiva.

-La tipificación del feminicidio en los códigos penales.

-La implementación de la paridad de género en cargos de elección popular.

-El fortalecimiento de medidas de protección en materia de violencia familiar y de género.

-El acceso progresivo a la justicia con perspectiva de género en el sistema penal acusatorio.

 

No obstante, pese al andamiaje normativo existente, subsisten áreas de vulnerabilidad que requieren atención prioritaria:

-           Violencia estructural y feminicida, derivada de patrones socioculturales arraigados que reproducen desigualdad.

-           Los índices de violencia contra las mujeres evidencian una brecha entre norma y realidad, lo que implica fallas en la debida diligencia estatal.

-           Brecha salarial y techo de cristal, que limitan el acceso de las mujeres a posiciones de alta dirección y remuneraciones equitativas.

-           Revictimización institucional, especialmente en procesos de procuración y administración de justicia.

-           Violencia política en razón de género, particularmente en contextos electorales.

-           Insuficiencia en la protección efectiva de mujeres en situación de interseccionalidad, como mujeres indígenas, con discapacidad o en condiciones de pobreza.

En consecuencia, el reto actual no radica únicamente en la creación de nuevas disposiciones normativas, sino en la efectiva implementación de las ya existentes, el fortalecimiento institucional y la consolidación de una cultura jurídica con perspectiva de género que garantice el acceso real y no meramente formal a la justicia.

La consolidación de los derechos de las mujeres exige una actuación coordinada entre poderes públicos, órganos autónomos y sociedad civil, bajo el principio de debida diligencia reforzada, a fin de transformar la igualdad formal en igualdad sustantiva.